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Esta semana comencé mi maestría en Nonprofit Leadership en la Universidad de Pensilvania. Como en toda buena universidad, hay muchísimo que leer y bastante que discutir.
Decidí llevar por aquí una especie de bitácora de las cosas que me parezcan interesantes, asumiendo que me dé el tiempo.
La primera materia que estoy tomando se llama The Nonprofit Sector: Concepts and Theories y comienza con una pregunta que parece bastante sencilla: ¿por qué existen las organizaciones sin fines de lucro?
Varias lecturas, y también algunos de mis compañeros, plantearon que existen para atender necesidades de la sociedad que el gobierno no puede resolver por su cuenta.
Eso era más o menos lo que yo pensaba.
Después de revisar las lecturas, analizar algunos datos y volver sobre lo que conozco del derecho panameño y estadounidense, empecé a verlo de otra manera. Mucha de la información ya la conocía; lo que no había hecho era unirla y ponerla en contexto.
Empiezo con dos números.
En Panamá, al cierre de 2019, había 2,367 organizaciones sin fines de lucro activas. Generaban 11,690 empleos directos, alrededor del 0.6% del empleo nacional.
En Estados Unidos, las organizaciones sin fines de lucro generaban 12.8 millones de empleos en 2022, equivalentes al 9.9% del empleo privado.
Sé que los denominadores no son iguales. En Panamá estamos hablando del empleo nacional y en Estados Unidos, del empleo privado. Tampoco son cifras del mismo año, así que no pretendo presentarlas como una comparación exacta.
Aun con esas diferencias, la distancia llama la atención. Cuesta creer que nuestras necesidades sociales representen una pequeña fracción de las que existen en Estados Unidos. En muchas áreas probablemente sean mayores.
Si las organizaciones sin fines de lucro surgieran únicamente para llenar los espacios que deja el Estado, Panamá debería tener un sector mucho más grande. Sin embargo, no es así.
La explicación más común no me termina de convencer
Con frecuencia se dice que estas organizaciones nacen donde el gobierno no llega. Es la teoría del gap filling y explica bastante bien la función que cumplen muchas de ellas: atender problemas que el gobierno no puede o no quiere resolver.
Lo que no explica del todo es por qué el sector se desarrolla tanto en algunos países y tan poco en otros.
También se habla de una diferencia cultural. Los estadounidenses, según esta explicación, desconfían del gobierno, no quieren pagar más impuestos y prefieren organizarse para resolver ciertos problemas por su cuenta.
Pero hace apenas unos días, el Ministerio de Economía y Finanzas decidió no presentar, por ahora, la propuesta para cobrar el 7% de ITBMS a determinadas compras y servicios digitales. La propuesta ni siquiera había llegado a la Asamblea y ya había generado rechazo.
Para ser sincera, a mí la reacción hasta me pareció bastante moderada. Me sorprendió que el Gobierno se echara para atrás tan rápido, aunque estoy de acuerdo con la decisión.
Casi me desvío hacia otro tema, pero el ejemplo sirve para recordar que la resistencia a pagar más impuestos no es una peculiaridad estadounidense. En Panamá también existe y me atrevo a pensar que ocurre en casi todas partes. Cada vez que alguien habla de subir un impuesto, arde Troya.
Tenemos, entonces, resistencia a los impuestos y enormes necesidades sociales, pero un sector sin fines de lucro mucho menos desarrollado. Quizá la cultura no sea la única explicación.
Lo que encontré en las lecturas
Peter Dobkin Hall, en su historia del sector estadounidense entre 1600 y 2000, cuenta algo que probablemente a los abogados nos parece más interesante que al resto del mundo.
Durante el siglo XIX, los distintos estados de Estados Unidos trataban la caridad de maneras muy diferentes.
Massachusetts adoptó una interpretación amplia de lo que podía considerarse educativo, benéfico o religioso. Pensilvania era más estricta y exigía demostrar una verdadera intención caritativa y la ausencia de un propósito comercial. Nueva York llegó a anular legados millonarios por defectos técnicos.
Hall lo resume así:
“Where charities and tax laws favored private initiatives, philanthropic and voluntary enterprises flourished. Where the law discouraged them, they did not.”
Donde las leyes fiscales y de beneficencia favorecieron la iniciativa privada, las organizaciones filantrópicas florecieron. Donde las leyes las desincentivaron, no lo hicieron.
Esto me pareció sumamente interesante porque introduce un elemento que a veces dejamos fuera de la conversación. El tamaño del sector puede depender no solo de las necesidades de un país o de la generosidad de su gente, sino también de qué tan fácil y atractivo resulta crear una organización, donar y hacer filantropía.
No creo que la diferencia consista en que los estadounidenses sean almas puras dispuestas a ayudar a todo el mundo y nosotros no. Ellos también cuentan con una estructura legal que facilita que las personas se organicen de esa manera.
Benjamin Soskis agrega otro elemento. La gran cantidad de asociaciones que Tocqueville encontró y celebró en Estados Unidos no apareció porque el Estado estuviera ausente. Esas organizaciones contaron con personerías jurídicas, exenciones fiscales, subsidios, contratos públicos, servicios postales y otras formas de apoyo estatal.
En otras palabras, el Estado contribuyó a crear las condiciones que hicieron posible el crecimiento del sector.
Entonces miré a Panamá
Las lecturas me llevaron a cambiar la pregunta. En vez de preguntarme solamente por qué los panameños no crean más organizaciones, quise entender qué tan fácil y atractivo hace nuestro sistema que las personas las creen, financien y mantengan.
Encontré cuatro asuntos que vale la pena mirar.
Primero, sí tenemos una deducción fiscal, pero es bastante limitada.
En Panamá, las donaciones a instituciones educativas o de beneficencia sin fines de lucro pueden ser deducibles si la organización ha sido previamente autorizada.
Para las personas jurídicas, la deducción está limitada al 1% del ingreso gravable. Para las personas naturales existe un límite de B/.50,000.
Por eso no sería correcto afirmar que en Panamá no hay ningún incentivo. Lo que cabe preguntarse es si el incentivo actual alcanza para influir en las decisiones de una persona o de una empresa.
En Estados Unidos, los límites y las reglas dependen del tipo de donante, de la organización y de lo que se dona. En términos generales, el sistema permite deducciones más amplias.
La diferencia podría tener menos que ver con quién es más generoso y más con la forma en que cada sistema facilita y estimula las donaciones.
Segundo, la comparación entre las fundaciones me parece muy interesante.
En Panamá tenemos la fundación de interés privado, creada por la Ley 25 de 1995. Esta figura se utiliza principalmente para proteger, administrar y transferir patrimonio. Es muy útil para la planificación sucesoria y patrimonial.
En Estados Unidos también existe algo llamado private foundation, pero se trata de una figura distinta. Es principalmente una clasificación fiscal aplicable a ciertas organizaciones caritativas bajo las secciones 501(c)(3) y 509 del Código de Rentas Internas.
Generalmente recibe su financiamiento de una familia, una empresa o una fuente principal y está sujeta a reglas especiales. Tiene que presentar el Formulario 990-PF, divulgar información y cumplir requisitos de distribución.
En términos generales, debe destinar cada año una cantidad calculada a partir del 5% de sus activos de inversión que no se utilizan directamente para sus fines caritativos.
Aunque ambas utilizan la palabra “fundación”, cumplen funciones diferentes. La figura panameña se usa principalmente para organizar y proteger patrimonio privado. La estadounidense busca que fondos privados se destinen a fines caritativos bajo reglas fiscales, de distribución y de divulgación.
Esto no quiere decir que en Panamá no se puedan crear organizaciones con fines públicos. Tenemos asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, y ciertas fundaciones de interés privado también pueden ser reconocidas como organizaciones sin fines de lucro.
Lo que sí percibo es una diferencia en el nivel de desarrollo de los dos sistemas. Panamá ha sido muy bueno creando figuras para proteger, administrar y transferir patrimonio privado. No estoy segura de que hayamos dedicado el mismo esfuerzo a construir incentivos y estructuras para destinar parte de ese patrimonio a atender problemas sociales.
Tercero, está el trámite.
Para crear una organización sin fines de lucro en Panamá hay que obtener el reconocimiento de la personería jurídica ante el Ministerio de Gobierno, protocolizar la documentación e inscribirla en el Registro Público.
Si además se quieren recibir donaciones deducibles, hay que obtener la autorización correspondiente de la Dirección General de Ingresos.
En Estados Unidos tampoco todo es fácil ni barato. Primero se constituye la entidad de acuerdo con la ley del estado y después, en la mayoría de los casos, se solicita al IRS el reconocimiento como organización exenta bajo la sección 501(c)(3). Los costos, requisitos y tiempos cambian según el estado.
La diferencia parece estar en la estructura que se ha desarrollado alrededor del sector. Hay formularios específicos, clasificaciones claras, información pública y una institucionalidad fiscal dedicada a estas organizaciones.
En Panamá existe el proceso, pero hay que pasar por distintas instituciones y cumplir requisitos diferentes según lo que la organización quiera hacer.
En Estados Unidos también hay innumerables entidades dedicadas a educar y capacitar a quienes trabajan en el sector. La propia maestría que estoy cursando en una universidad Ivy League es una muestra de ello. No conozco un programa parecido en Panamá.
Allá existe un ecosistema maduro que reúne a los principales actores relacionados con las organizaciones sin fines de lucro. Aquí, CAPADESO está haciendo una excelente labor, aunque todavía se encuentra en una etapa inicial.
Cuarto, no tenemos información reciente.
El diagnóstico sectorial más completo que encontré fue publicado en 2020 con cifras de 2019. Años después, seguimos utilizando esos datos para tratar de entender el tamaño del sector en Panamá.
Eso me preocupa. Sin información reciente es muy difícil saber cuántas organizaciones están realmente activas, cuántas personas emplean, de dónde reciben sus fondos y qué impacto están logrando. También se vuelve difícil diseñar políticas públicas para fortalecerlas.
Si alguien que me lee tiene cifras más recientes, le agradecería que me las compartiera.
¿Por qué me importa tanto este tema?
Llevo años hablando de la brecha patrimonial, es decir, de quién es dueño de qué. Ahora veo que esta discusión está directamente relacionada con el sector sin fines de lucro.
Las leyes influyen en lo que hacemos con nuestro patrimonio. En Panamá tenemos sociedades, fideicomisos, fundaciones de interés privado y otras estructuras para protegerlo, administrarlo y transferirlo a la siguiente generación.
Lo que no sé es si hemos desarrollado con el mismo interés las estructuras y los incentivos necesarios para que parte de ese patrimonio se destine a resolver problemas sociales.
Muchas empresas y familias panameñas hacen un trabajo social importante. En ocasiones lo realizan directamente desde la empresa o por medio de una fundación familiar que depende por completo de la voluntad de sus fundadores.
Reconocer el valor de ese trabajo no impide hacernos algunas preguntas de gobernanza:
¿Quién decide?
¿A quién se le rinden cuentas?
¿Qué información se publica?
¿Qué pasa cuando llega la siguiente generación?
¿Cómo sabemos si el dinero produjo el impacto que se buscaba?
No planteo estas preguntas como un juicio moral contra las empresas o las familias que financian estas iniciativas. Reconozco el esfuerzo que realizan tanto ellas como sus voluntarios. Mi interés es jurídico y de gobernanza: cuando se utilizan recursos privados para atender problemas públicos, también importa cómo se toman las decisiones, cómo se administra el dinero y qué información se publica.
La pregunta que me queda
Después de estas primeras lecturas, me cuesta atribuir el tamaño del sector panameño únicamente a una supuesta falta de cultura de donación. Habría que examinar también nuestras leyes y nuestros incentivos.
¿Cuánto se permite deducir?
¿Cuánto demora crear una organización?
¿Qué información debe publicar?
¿Qué controles existen?
¿Qué sucede con las organizaciones que dejan de operar?
En Panamá ya contamos con figuras que permiten a una familia destinar parte de su patrimonio a una causa. Me interesa saber si los incentivos, controles y reglas actuales son suficientes para que más familias quieran utilizarlas con ese propósito.
Tal vez hemos dedicado demasiado tiempo a hablar de cultura y muy poco a revisar las condiciones que nosotros mismos hemos creado. Si queremos un sector sin fines de lucro más grande, profesional y transparente, esta conversación también tiene que pasar por la ley.
Este texto surge de mi primera semana de lecturas en la maestría de Nonprofit Leadership de la Universidad de Pensilvania. Voy a tratar de seguir compartiendo por aquí las cosas que me parezcan interesantes.
Referencias: Hall, P. D. (2006), A Historical Overview of Philanthropy, Voluntary Associations, and Nonprofit Organizations in the United States, 1600–2000, en Powell & Steinberg (eds.), The Nonprofit Sector: A Research Handbook, Yale University Press. Soskis, B. (2020), A History of Associational Life and the Nonprofit Sector in the United States, en Powell & Bromley (eds.), 3.ª ed., Stanford University Press. INDESA y CAPADESO (2020), Estudio diagnóstico de las organizaciones sin fines de lucro en Panamá. U.S. Bureau of Labor Statistics (2024).